La sombra de la guerra: Una mirada a la violencia sexual en el conflicto armado de Colombia

    La violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia es una realidad dolorosa y compleja que ha afectado a miles de personas en el país. La utilización sexo como una forma de violencia ha sido una estrategia de guerra utilizada sistemáticamente por diferentes actores armados, generando graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales para las víctimas. En este artículo, se dará una contextualización y análisis de algunos conceptos desde la psicología social de Ignacio Martin Baro, que ayuden a la comprensión de esta problemática,  su impacto en la población y las medidas necesarias para su prevención y atención.

La violencia sexual en el contexto del conflicto armado en Colombia se refiere a la utilización del sexo como una forma de violencia, que incluye la violación, esclavitud sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, matrimonio forzado, acoso sexual y otras formas de violencia de género, que son perpetradas no solo por grupos armados ilegales, sino también por las fuerzas armadas y de seguridad del estado, de esta manera, es un asunto complejo que involucra violaciones a los derechos humanos y está regido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Definido por la OEA (la organización de los estados americanos), el DIH es un conjunto de principios y normas que buscan regular la conducta de los involucrados en un conflicto armado, con el fin de proteger a las personas que no participan en las hostilidades, con el fin de garantizar su dignidad y seguridad. Siendo así, en concordancia con la Convención de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, así como otras fuentes del DIH, los principios y normas que se aplican a la problemática de la violencia sexual en el marco del conflicto armado son:

• El principio de distinción: establece que las partes en conflicto deben distinguir entre combatientes y personas civiles, y no atacar a civiles de manera indiscriminada.
• El principio de proporcionalidad: señala que el uso de la violencia debe ser proporcional a la necesidad militar y evitar daños excesivos a la población civil.
• La prohibición de la violencia sexual, como violación grave de los derechos humanos y del derecho internacional, en todas las circunstancias.
• La obligación de las partes en conflicto de proteger a las personas que no participan en las hostilidades, como los civiles y los heridos, de la violencia sexual y otras formas de violencia de género.
• La obligación de las partes en conflicto de respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna.
• La obligación de las partes en conflicto de garantizar el acceso a la atención médica, psicosocial y legal a las víctimas de la violencia sexual.
• La obligación de las partes en conflicto de investigar y sancionar a los responsables de la violencia sexual, sin importar su afiliación a grupos armados.
• La obligación de las partes en conflicto de promover la igualdad de género y trabajar en la transformación de las normas sociales que perpetúan la discriminación y violencia basada en el género en la sociedad.

El informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, publicado en 2021, brinda una contextualización detallada de la problemática de la violencia sexual, Según este informe, la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia ha sido una estrategia de guerra utilizada sistemáticamente por los diferentes actores armados, con el objetivo de ejercer control territorial, humillar y desplazar a comunidades y los grupos vulnerables logrando mantener el poder y utilizando la violencia sexual como un mecanismo de poder y de dominación en el contexto del conflicto armado, perpetuando desigualdades de género y aumentando la vulnerabilidad de las mujeres y niñas en situaciones de conflicto. El informe destaca que la violencia sexual ha afectado principalmente a mujeres y niñas, pero también a hombres y niños, generando graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales para las víctimas. De esta forma se hace necesario tener en cuenta la situación específica de las mujeres y niñas como principales víctimas de la violencia sexual en el conflicto armado, y reconocer el impacto diferenciado de género en su experiencia y recuperación. Esto implica tomar medidas especiales para garantizar su protección y empoderamiento, así como promover su participación en la toma de decisiones y en la construcción de soluciones.

El informe, además, destaca la magnitud de la violencia sexual en el conflicto armado en Colombia, evidenciando que la violencia sexual es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas en el país. Según el informe, entre 1958 y 2018 se reportaron 21.395 casos de violencia sexual, y se estima que el número real de casos es mucho mayor debido al subregistro y al miedo de las víctimas a denunciar.

Por lo tanto, esta problemática implica un análisis desde una perspectiva de género, que considera las desigualdades de género y las normas sociales que perpetúan la discriminación y violencia basada en el género, de igual manera, también implica considerar las dinámicas del conflicto armado en Colombia, como las estructuras de poder, la violencia sistémica, la impunidad y la falta de acceso a la justicia, que influyen en la perpetuación de la violencia sexual.

Es importante destacar que la violencia sexual  no solo es un problema de seguridad, sino también un problema de derechos humanos y justicia, siendo así, fundamental que se implementen políticas y acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual y en igual medida garantizar el acceso a la atención médica, psicosocial y legal a las víctimas. Además, es necesario promover la igualdad de género y trabajar en la transformación de las normas sociales que perpetúan la discriminación y violencia basada en el género en la sociedad colombiana y en un contexto mas amplio, incluso a nivel mundial. 

Es fundamental también abordar la impunidad que rodea a la violencia sexual en el conflicto armado en Colombia, garantizando la investigación y sanción de los responsables, y asegurando el acceso a la justicia y reparación para las víctimas. Esto implica fortalecer los mecanismos de justicia transicional y garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia, sin importar su afiliación a grupos armados. El informe de la Comisión de la Verdad hace un llamado a las autoridades del estado, a los grupos armados y a la sociedad en general a reconocer y reparar a las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, así como a tomar medidas concretas para prevenir futuros casos de violencia sexual. Esto implica incluye la implementación de políticas y programas integrales de prevención y atención a las víctimas de violencia sexual, la promoción de la participación activa de las mujeres y las niñas en la construcción de soluciones, y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia transicional para garantizar la investigación, sanción y reparación a las víctimas.

Foto: Ignacio Martin Baro, psicólogo
social y jesuita salvadoreño.

Ignacio Martín Baró desarrolló importantes planteamientos sobre la violencia y la salud mental en el contexto de los conflictos armados y las situaciones de violencia política, actualmente sus ideas son relevantes para comprender la problemática de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia por medio de diferentes conceptos. 

Según Ignacio Martín Baró la violencia tiene un gran impacto en la salud mental de las personas ya que logra generar traumas psicológicos que perdurar a largo plazo. En el caso de la violencia sexual en el conflicto armado en Colombia, las víctimas pueden experimentar una amplia gama de trastornos de salud mental, como el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad y otra sintomatología relacionada con la vivencia traumática y esto a su vez  afecta a las víctimas en su bienestar emocional, su autoestima, su capacidad para establecer relaciones saludables y su calidad de vida en general.

La violencia sexual en el conflicto armado en Colombia también puede tener un impacto en la salud mental de las comunidades y la sociedad en su conjunto generando consecuencias como la desconfianza, la polarización social, la fragmentación comunitaria y la perpetuación del ciclo de violencia. Martín Baró sostenía que la violencia política y social generaba un contexto de "trauma psicosocial" definido como las consecuencias psicológicas y sociales que pueden resultar de situaciones extremas de violencia y pérdida, como las que ocurren en contextos de conflicto armado en el cual las personas y las comunidades enfrentaban situaciones extremas de violencia y pérdida. 

Del mismo modo, el trauma psicosocial también se relaciona con la mentira institucionalizada, que se refiere a la manipulación y distorsión de la verdad por parte de las instituciones y actores involucrados en la violencia política, en el caso de la violencia sexual, las instituciones pueden negar, minimizar o encubrir los casos que se presentan, lo que contribuye a la mentira institucionalizada y a la victimización secundaria de las víctimas ya que esta negación o encubrimiento puede tener un impacto adicional en el trauma psicosocial de las víctimas, al no ser reconocidas y validadas en su experiencia de violencia.

La polarización social también es un concepto relevante en el análisis de la violencia sexual en el conflicto armado en Colombia, en el marco de los planteamientos de Martín Baró. La violencia sexual puede generar una polarización social en las comunidades afectadas, ya que puede provocar la estigmatización y discriminación de las víctimas y generar divisiones en la sociedad. Esta polarización social puede perpetuar el ciclo de violencia y dificultar la búsqueda de justicia, reparación y reconciliación.

Es importante tener en cuenta la dimensión de la salud mental al abordar la problemática de la violencia sexual en el conflicto armado en Colombia de manera integral. La atención a la salud mental de las víctimas y comunidades afectadas por la violencia sexual debe ser considerada como un elemento esencial en las intervenciones de prevención, atención y reparación. Esto implica no solo la atención de los síntomas y trastornos psicológicos, sino también abordar las condiciones sociales, políticas e institucionales que perpetúan la violencia y afectan la salud mental de las personas y comunidades. 

Blog realizado por: Catalina Mena 

Referencias 

     - Comisión de la Verdad. (2021). Informe Nacional. Bogotá, Colombia. 

https://comisiondelaverdad.co 

    - Organization of American States. (n.d.). International humanitarian law.

 https://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional_humanitario.asp 

     - Imagen de:

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